Propone diputado del PT acabar con ambigüedades
de la Ley del Servicio Civil del estado de Veracruz

• Urge reformar artículo 45 de dicha norma y armonizarla con el 48 de la Ley Federal del Trabajo: Ramón Díaz.

Irineo Pérez Melo.- El diputado local del Partido del Trabajo (PT) Ramón Díaz Ávila presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 45 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo que se busca evitar ambigüedades respecto de los salarios que perciben y al mismo tiempo, cumplir y garantizar los derechos laborales y el derecho a una justicia más ágil en materia laboral para los trabajadores.
De esta manera, dijo el legislador local petista, se armoniza el Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, con el 43 del mismo ordenamiento local.
En la exposición de motivos, el legislador señala una contradicción los artículos 43 y 45 de la citada ley en relación con los juicios sobre los salarios vencidos promovidos por trabajadores que hayan sufrido despido.
Advierte que, mientras el 43 señala que el afectado “tendrá derecho al pago de salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses”, el 45 establece que serán “los salarios vencidos que se causen desde la fecha de separación hasta que se pague la indemnización”.


Es decir, mientras en el primero se señala el pago de salarios vencidos hasta por un periodo de un año, en el otro queda abierto hasta que se pague la indemnización, refiere el legislador local.
El Diputado considera en su iniciativa que los efectos de la duración de estos juicios, que en promedio se resuelven en un lapso de cuatro años, perjudican a ambas partes, tanto al trabajador como a la entidad pública.
En su propuesta, explica que se busca el establecimiento de un límite a la generación de salarios vencidos, combatir la indebida práctica de prolongar a través de argucias legales la duración de los juicios laborales, concientizar a las partes involucradas en el litigio a dirimir en un corto plazo, a través de la vía de conciliación, y desahogar futuras controversias laborales.
“Con esta reforma, contribuiríamos a dar una mayor agilidad y resolución en las demandas, ya que al establecerse el pago máximo de doce meses desde el momento de la separación del trabajador, generaría una posición equilibrada que motivaría a las partes poner fin de manera pronta al procedimiento”, señala por último el legislador.
La propuesta de reforma fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen.

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