240 mil servidores públicos deberán presentar declaración de situación patrimonial en este mes

• De omitir esta disposición legal, pueden ser inhabilitados; en el 2021 fueron 10 los suspendidos: Mercedes Santoyo.

Irineo Pérez Melo.- Más de 240 servidores públicos del estado de Veracruz deberán presentar su declaración patrimonial, misma que deben hacerlo en el presente mes, para lo cual los órganos internos de control de cada dependencia ya notificaron a todos los que deberán cumplir con esta disposición, aseguró Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado.
En entrevista, durante la ceremonia conmemorativa al 160 Aniversario de la Batalla de Puebla, la funcionaria estatal que en caso de no cumplir con esta normatividad, los servidores públicos pueden ser inhabilitados y la fecha límite para entregar esta declaración es el 31 de mayo.
Recordó que unos diez servidores públicos fueron sancionados el año pasado por la omisión en el cumplimiento de esta disposición, por lo que exhortó a todos aquellos que deben cumplir con esta norma a hacerlo en forma oportuna, “se está trabajando los 7 días de la semana para que todos cumplan con la medida que es totalmente gratuita”, añadió.
“El trámite de presentación de la declaración patrimonial es completamente gratuito, por lo que ninguno de los servidores públicos debe dejarse sorprender”, añadió, al señalar que a través de las redes sociales se ha identificado que algunas personas que pretenden cobrar por llevar a cabo este proceso”.
“Es un trámite gratuito marcado en Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, en algunas redes andan mencionando que están cobrando por hacer la tramitación. Los trabajadores de todos los niveles se pueden acercar a la Contraloría General vía telefónica para solicitar asesoría y ésta es completamente gratuita”, añadió.
Por otro lado, dio a conocer que una vez que concluye el plazo para hacer la declaración patrimonial, la Contraloría General del Estado, de manera aleatoria, revisa las declaraciones hechas por los servidores públicos, para verificar que exista congruencia entre los recursos percibidos y aquello que es presentado como declaración.
“Cuando nos llama la atención algo, cuando vemos que hay alguna situación llamamos (al declarante) para aclarar, nos presentan los documentos, algunos justifican y en otros casos se inician investigaciones”, señaló por último.

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