Con resolución de la Corte, Gobernador y Fiscal podrían
ser llamado a comparecer al Senado de la República

• Al declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, evidencia la violación de los derechos humanos en Veracruz: Tomás Mundo.

Irineo Pérez Melo.- El abogado Tomás Mundo Arriasa, integrante del Movimiento por la Justicia, calificó como un triunfo de la justicia para Veracruz la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, aplicado por el gobierno estatal, a quien se le podría responsabilizar por la violación a los derechos humanos a los procesados por este delito.
En entrevista, el especialista reconoció el trabajo de la Corte, al declarar inconstitucional un artículo plagado de aberraciones jurídicas y lo que sigue ahora, es buscar la liberación de poco más de dos mil personas que están privadas de su libertad por este delito.
En entrevista, consideró que si hubiera sensibilidad política por parte de la titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien fue quien defendió a ultranza el delito de ultrajes (lo que de suyo viola la imparcialidad que debe prevalecer en ella, porque si ella defendía el delito de ultrajes a la autoridad, quiere decir que lo estaba convalidando tal y como estaba), deberían de implementar por el bien de las familias veracruzanas que se ordenara la inmediata liberación de todas las personas que están por ese delito.
Al referirse a la postura del Congreso del Estado, al aprobar una reforma a la norma en cuestión, criticó la decisión tomada al pretender “justificar que está trabajando y haciendo la reforma (encomendada), violando por partida doble, porque, por un lado no se da, en ningún momento, cumplimiento a la recomendación 146 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Esto, dijo, da pie a que el Senado de la República y la propia CNDH pidan que el Gobernador y la Fiscal comparezcan ante el Senado de la Republica al decir por qué no está respetando los derechos humanos.
Por otro lado, en forma quizás ignorante o en forma de complicidad, el Congreso del Estado aprueba una reforma el domingo pasado en sesión extraordinaria y establece un transitorio, que señala que todas las personas que están privadas de su libertad no se beneficiarán con esta reforma, o sea, seguirán su proceso, lo cual es absurdo.
Y de manera enfática sostuvo que con esta derogación de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad que determinó la Corte, en automático deberán liberarse, eso les aplica a todas las personas que fueron detenidas con ese artículo en vigor que la Corte determinó inconstitucional.

Con resolución de la Corte, no podrán salir libres los 40 jefes de plazas
Y el transitorio aprobado por el Congreso local es una reforma absurda y lo que hizo con eso fue el “ridículo legal”, porque querían de alguna manera, seguir manteniendo en prisión a más de dos mil veracruzanos por el delito de ultrajes, y hoy la Corte les hizo la tarea.
El especialista rechazó que con la resolución emitida por la SCJN vayan a quedar en libertad los 40 jefes de plazas y más de 500 subordinados de los grupos delincuenciales. “Si hay una persona que tenga ultrajes a la autoridad y tres delitos más, va a salir libre por cuanto a ultrajes, pero debe enfrentar el proceso por los otros delitos y en tanto, resuelven su situación jurídica seguirán en prisión.
En ese tenor, resaltó que lo que se está evidenciando con esta resolución de la Corte, “es que van a hacer carpetas al vapor para fincarles delitos a esas personas que únicamente están por el delito de ultrajes a la autoridad.
De la responsabilidad que les pudiera acarrear al gobierno de Veracruz, al Congreso del Estado y al Poder Judicial, respondió afirmativamente.
“Por supuesto, nosotros de hecho, desde el grupo de abogados (del Movimiento por la Justicia), estamos pugnando, primero: exigir al Congreso que local la creación de un fondo de reparación de daño a las víctimas, porque en obvio que son víctimas y segunda, analizar la posibilidad de presentar denuncias penales en contra de los fiscales, peritos, policías y jueces que convalidaron esa situación. Creo que esta es una segunda etapa que hemos previsto como grupo, concluyó.

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